La mañana del miércoles 18 de noviembre de 2015, quedará imborrable en la mente de Carlos Urrutia Macarro, quien tuvo la desdicha de transitar con su motocicleta por la avenida Javier Prado y el cruce de Paseo de la República, muy cerca a la estación del Metropolitano, en momentos en que la policía municipal del área de Fiscalización de la Municipalidad de San Isidro, decomisaba violentamente la mercadería de unas mujeres que vendían desayuno al paso; pan con huevo frito, queso y palta, acompañados con bebidas calientes como avena, quinua o café, a presurosos transeúntes entre trabajadores y estudiantes que como cada mañana salen de casa, sin nada en el estómago.  

Un grupo de cuatro fiscalizadores con uniforme gris, arremetía con furia contra dos mujeres ambulantes, quitándoles con agresividad sus bolsas para decomisarlas, en medio de insultos, empujones y hasta golpes. La infracción cometida por las humildes mujeres, era ofrecer muy temprano desayunos al paso, para llevar el sustento a sus hogares, ganándose la vida diariamente como miles de peruanos que aprovechan sus habilidades para ganar unos soles de manera honrada y que son parte de la estadística de trabajadores ambulantes que conforman el subempleo en el Perú.

Carlos Urrutia Macarro pasó por aquel lugar y ante el abuso de los agentes municipales, les increpó su accionar, ganándose primero insultos, luego puñetes y varazos, para finalmente terminar golpeado de manera brutal en el piso, por cuatro enardecidos sujetos de uniforme gris, quienes no contentos con haberlo golpeado, tiraron su moto al piso y rompieron sus espejos, en medio de panes regados y galoneras con café que minutos antes habían decomisado, en presencia de un cansado policía que solo era un espectador impávido y que lejos de imponer su autoridad, con su actitud medrosa permitía que un ciudadano sea molido a golpes por los agentes de fiscalización.

Tal parece que el accionar de estos malos agentes municipales, es la forma constante para permanente agredir a quienes se atreven a vender sus productos ambulatoriamente en San Isidro, decomisándoles su mercadería a punta de golpes y patadas, sin importar si son hombres, mujeres o ancianos, pues la orden al parecer es darles un buen escarmiento y desalojarlos de la vía pública para que no regresen al distrito pituco, trayendo consigo sus productos e infortunio, tratándolos como delincuentes.

Sin embargo, no solamente en San Isidro se ha visto los atropellos de la Policía Municipal o del serenazgo, sino que también se repiten las mismas escenas en varios distritos de Lima y en provincias, donde malos agentes agreden con violencia a los trabajadores ambulantes con la impunidad que les da su uniforme, contrario en estos tiempos en el que se fomenta el emprendimiento y las municipalidades deberían contribuir con la formalización, a través de talleres cortos, buenas prácticas sanitarias y de higiene, con horarios pre establecidos, más aun, si el trabajo favorece el progreso social y es un derecho constitucional con sujeción a las normas.

Por otro lado, en el mes de octubre de este año, los protagonistas no fueron trabajadores informales, sino vecinos de la calle Félix Dibos en Magdalena, quienes protestaban por la tala de árboles y destrucción de áreas verdes, con el fin de ampliar a un tercer carril, siendo algunos de ellos golpeados con violencia por personal del serenazgo municipal, por reclamar justificadamente por ese arboricidio. Ante esta situación de abuso de autoridad, queda claro que los agentes municipales no están en condiciones para acceder al uso de armas no letales, porque si no controlan sus impulsos violentos, si no están psicológicamente aptos o bien entrenados para usarlas en contra de la delincuencia, podrían terminar utilizándolas con descargas eléctricas o exceso gas pimienta contra comerciantes informales o ciudadanos por el solo hecho de oponerse a su trabajo de seguridad.

Carlos Urrutia Macarro no era un delincuente, tampoco un vendedor ambulante, era un ciudadano cualquiera que quiso defender a unas mujeres ambulantes, ante una situación de abuso de autoridad. Ahora él tiene serias lesiones, sus agresores fueron denunciados penalmente y perdieron su trabajo, por reprimir a unas mujeres humildes quienes a su mal entender, no tenían ningún derecho de trabajar.